¿Cuál es la multa por destrozar una tumba romana?

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Olivar de Andalucía

¿Cuál es la multa que la justicia puede imponer a quien destroce un resto arqueológico de época romana? A pesar de que las leyes suelen ser en este sentido más laxas y permisivas de lo que nos gustaría a muchos, en ocasiones las cifras de estas sanciones pueden llegar a ser muy abultadas. Este es el caso al que se enfrenta el propietario de una finca sita en la carretera N-432 a su paso por la provincia de Córdoba. En dicha finca, unos trabajos agrícolas que tenían como objetivo preparar la tierra para plantar olivos se saldaron con la destrucción de una tumba de época romana, algo que es considerado un delito contra el patrimonio. El propietario ordenó a dos trabajadores que utilizaran maquinaria para allanar y desbrozar el terreno, y a pesar de que de inmediato comenzaron a aflorar restos arqueológicos, decidió que los trabajos continuaran su curso sin dar aviso alguno a las autoridades tal y como marca la ley. Sin embargo, un grupo de personas tuvo conocimiento casi inmediato de los hechos por fuentes aún no determinadas, y se personaron en la finca al día siguiente equipados con detectores de metales y todo un equipo preparado para saquear el yacimiento con o sin connivencia del propietario de la parcela. Fue en ese momento cuando la Guardia Civil detuvo a los expoliadores y descubrió los grandes destrozos que se habían realizado en el yacimiento, dando parte de inmediato a las autoridades competentes en tema de defensa de patrimonio.

Cuando los arqueólogos llegaron al lugar, descubrieron los enormes destrozos que se habían causado, tanto durante los trabajos de preparación del terreno para la plantación de los árboles como en la excavación ilegal iniciada días después. Además de numerosos restos de cerámica y tejas de época romana, se encontró una lápida de mármol con una inscripción dedicada a una tal "Secunda", sin duda una liberta o una esclava que habría vivido en la zona en época aún por precisar. Los primeros informes de los investigadores constataron la dificultad para conseguir algo de información fiable en un yacimiento tan dañado.

Estos hechos tuvieron lugar en la primera semana de marzo del año 2016. Diez meses después de la detención de los primeros responsables, se ha iniciado el juicio contra el propietario de la finca y sus trabajadores. A cada uno de ellos se les pide una cantidad en concepto de multa que suma en total más de veinte mil euros. Sin embargo, el grueso de la condena exigida por la fiscalía sería en concepto de indemnización por los daños causados, con una cifra que podría superar los trescientos mil euros. El grupo de hombres detenidos por tratar de saquear el yacimiento con detectores de metales se enfrenta a un proceso aparte y aún se desconoce la sanción que la fiscalía pedirá para ellos.

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