El País informa sobre los expolios arquelógicos en Andalucía

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Restos arqueológicos recuperados por la Guardia CivilLos tiempos de crisis suponen, por paradójico que pueda parecer, una oportunidad inmejorable para que algunos individuos se lucren de forma desmedida. Tal es el caso de los expoliadores de yacimientos arqueológicos y cazatesoros varios que, amparados por la levedad de las penas y por los recortes en protección y prevención de robos, saquean con total impunidad nuestro patrimonio cultural. El diario El País, en su edición de Andalucía, ha publicado este pasado fin de semana un amplio reportaje dedicado a este tema, alertando de las consecuencias que los recortes de las diversas administraciones están teniendo en la protección de los yacimientos arqueológicos ante la amenaza de los saqueadores.
El primero de los artículos publicados comienza con la historia de un saqueador que, al ser sorprendido en pleno robo por la guardia civil, pidió que no le denunciaran, sino que le detuvieran, a sabiendas, señala el cronista de que su caso se saldaría con una pequeña multa y su inmediata puesta en libertad. En una operación de mayor envergadura, la Guardia Civil detuvo esta misma semana a una banda con antecedentes por haber expoliado numerosas iglesias y yacimientos de Castilla y León. Como recoge la noticia, esta banda conocía a la perfección el terreno sobre el que operaba y las riquezas que podían llegar a atesorar en determinados yacimientos arqueológicos, mucho más fáciles de asaltar que las iglesias al estar en entornos poco transitados y difícilmente controlables por las autoridades. Los esfuerzos de la Guardia Civil no impiden que los ladrones se hagan con piezas de valor incalculable, tal y como demuestra la finalmente frustrada subasta en la casa londinense de Sotheby`s de dos capitales cordobeses de época califal de los que nadie podía certificar su origen.
Continúa El País con un acercamiento a la figura de Francisco Arias de Haro, arqueólogo de profesión y actual director de las excavaciones en el yacimiento de Cástulo, en Jaén. Para este profesional, la indefensión en las que se encuentran los profesionales ante los ladrones es total. Ni se les dota de medios ni las leyes actúan con dureza para disuadir a unos criminales que, aunque tratan de hacerse pasar por simples aficionados, conocen a la perfección las piezas que sustraen y el valor que pueden alcanzar en el mercadoRestos arqueológicos recuperados por la Guardia Civil. Aunque reconoce que la situación no es tan dramática como en los décadas anteriores, Arias de Haro muestra su preocupación por las mejoras tecnológicas en los equipos de los expoliadores, unas mejoras que les permiten ser cada vez más eficaces en su criminal labor. Porque, como todo historiador y arqueólogo sabe, el menor de los males es la pérdida económica que supone la desaparición de los objetos sustraídos. Es infinitamente mayor el daño que se causa a los yacimientos al utilizar medios agresivos de excavación y sustracción, en los que no se documenta absolutamente nada y se destruye de forma sistemática toda la secuencia estratigráfica, fundamental para datar un hallazgo.
En un último artículo, se aborda la vertiente judicial del problema, las leyes que permiten que a estos criminales les sea muy rentable una actividad muy lucrativa y apenas penada en los códigos legales. Según se recoge, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha propuesto un endurecimiento de las penas contra todos aquellos que atenten contra el patrimonio cultural español, una actitud que contrasta con la demostrada por otras instituciones, como el Gobierno de la Comunidad de Madrid , empeñadas en desproteger cada día más la herencia de nuestro pasado.

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