La ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid choca con el Constitucional

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Tribunal ConstitucionalEl pasado mes de junio de 2013, la Comunidad de Madrid, gobernada con mayoría absoluta por el Partido Popular, aprobó una ley de Patrimonio que suponía la subordinación de los bienes de interés cultural a los intereses económicos de constructores y especuladores. Entre otros puntos, la ley contemplaba la posibilidad de que los trabajos de construcción se llevaran a cabo sin realizar una cata arqueológica previa, lo cual suponía un poder absoluto para las empresas constructoras y una derrota total para los defensores del patrimonio. Tras la aprobación de la ley, las constructoras podían iniciar sus trabajos sin impedimento alguno, pese a que los arqueólogos sospecharan o tuvieran pruebas de la existencia de un yacimiento arqueológico en el terreno a edificar. Pese a que el Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta en la aprobación de la ley, la oposición señaló que ésta era una medida que se imponía dentro del programa desarrollado por la Comunidad de Madrid para favorecer la instauración del complejo Eurovegas, una polémica apuesta económica que finalmente se saldó con un sonoro fracaso.

Aunque la ley comenzó a aplicarse desde el mismo momento de su aprobación, la oposición presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que ésta vulneraba varios puntos de la Carta Magna. Un año después de la presentación de este recurso, el Constitucional ha dado un varapalo a la Comunidad de Madrid al declarar que ocho puntos de la ley son inconstitucionales. Por desgracia, este Tribunal no ha considerado que la ley de Patrimonio deba ser derogada por constituir un atentado contra los bienes culturales de la Comunidad de Madrid, sino porque ésta entra en competencias que dependen del Estado central y no de los gobiernos regionales. Portavoces del gobierno madrileño han salido al paso de este fallo del Constitucional, afirmando que las modificaciones propuestas no afectarán en su esencia a la práctica patrimonial de la región. Aunque habría sido deseable que la ley fuera suprimida en su totalidad, el Constitucional al menos ha permitido que el debate se reabra, y con él renazca una pequeña esperanza de que el patrimonio cultural y ambiental de la Comunidad de Madrid tenga una protección efectiva y no esté sujeto al capricho de las especulaciones urbanísticas.

Fuente: El País

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