La ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid cuestionada ante el Tribunal Constitucional

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Sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del SolLa recién aprobada Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid ha encontrado un foco de resistencia numantina en los profesionales dedicados al sector, especialmente arqueólogos e historiadores que observan inermes como la nueva legislación amenaza el legado cultural de todos los madrileños. La Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología ha presentado u recurso contra esta ley en el Tribunal Constitucional, recurso que ha sido avalado por cincuenta senadores del grupo socialista y del grupo mixto, así como otros grupos que, como UPyD, no cuentan con representación en la Cámara Alta. El Partido Popular hizo uso de su mayoría absoluta en la cámara de la Comunidad para aprobar esta ley en contra del criterio de toda la oposición.
El diario El Confidencial se ha puesto en contacto con diversos representantes de los grupos afectados, y la mayoría coinciden en que esta ley supone un paso atrás en la protección del patrimonio y una subordinación de la cultura a los intereses económicos de determinados sectores, especialmente el de la construcción. En dicha ley, afirman, se prioriza la especulación urbanística frente a la protección de posibles yacimientos arqueológicos y enclaves culturales de interés, lugares que con la anterior legislación gozaban de una cierta protección y que en el marco actual quedan a merced de las empresas constructoras. La arqueología es vista según esta nueva ley como algo molesto e innecesario que lastra y frena el desarrollo económico de la región al obligar a detener obras de construcción y encarecer, de este modo, el resultado final de cara al consumidor. Es precisamente esta criminalización de la arqueología y la protección del patrimonio como enemigos del desarrollo económico lo que los especialistas han querido denunciar en diversos medios. Desde su punto de vista, la arqueología y la conservación no sólo no restan enteros al desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, sino que pueden aportar importantes ingresos si se gestiona de la manera adecuada.
Contando con estos testimonios, El Confidencial ha desarrollado un decálogo de elementos negativos que se desprenden de la ley recientemente aprobada. Entre las facetas negativas de esta medida se destaca la desaparición de la arqueología preventiva, la disminución de posibilidades de que un objeto o un lugar sean declarados de interés patrimonial, el riesgo de aumento del negocio del mercado negro de antigüedades… Mención aparte merece el trato de favor prioritario que recibe en esta ley la Iglesia católica, cuyo patrimonio gozará de una especial protección por parte de las instituciones públicas.
Desde Portal Clásico tenemos que lamentar profundamente la aprobación de esta ley en contra del criterio de todos los profesionales del campo de la arqueología y el patrimonio. La cultura debe ser un valor a potenciar, nunca un lujo del que se pueda prescindir hasta la llegada de tiempos mejores. Si la Comunidad de Madrid apuesta por la continuidad en la especulación urbanística por encima de cualquier otra opción, una apuesta que fue, en definitiva, la que nos condujo a la actual situación de crisis, los madrileños perderemos de forma irremediable uno de nuestros principales potenciales económicos: nuestro patrimonio cultural. En consecuencia, sólo podemos esperar que el Tribunal Constitucional actúe de forma coherente con su función y obligue a las autoridades madrileñas a dar marcha atrás en este proyecto.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid

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