El expolio de yacimientos arqueológicos sigue siendo uno de los mayores problemas para la conservación y el estudio del patrimonio que sigue dándose en el mundo en general y en España en particular. Aunque por suerte estamos lejos de la situación dramática de hace décadas, en los últimos tiempos han proliferado en plataformas y redes sociales determinados canales e individuos que hacen apología de prácticas que, si bien se cuidan mucho de que no caigan en lo delictivo, sí resultan muy dañinas para el trabajo de los arqueólogos. Esto está suponiendo que toda una generación de jóvenes esté creciendo con la creencia de que el uso de detectores de metales y otros aparatos por parte de aficionados no solo es legítimo sino que incluso puede considerarse positivo para nuestro conocimiento del pasado.
En este sentido, la ley es clara: cualquier daño causado al patrimonio es susceptible de ser perseguido por la justicia. Cada año nos encontramos con condenados por este tipo de cuestiones, aunque las penas siguen siendo muy leves y apenas sirven para disuadir a futuros potenciales delincuentes.
El último caso de condena por expolio de yacimientos ha tenido lugar en un juzgado de Jaén, donde un hombre ha sido condenado a 22 meses de cárcel y a tener que pagar una indemnización de 4.636 euros. En concreto, se le acusa de haber expoliado varios yacimientos en toda la provincia de Jaén entre los años 2029 y 2022 ayudado con un detector de metales, con el que sacó a la luz una gran cantidad de piezas para su posterior venta en el mercado negro. Al serle notificado que estaba bajo investigación, él mismo se personó ante las autoridades y confesó los hechos, llegando a devolver más de 600 objetos expoliados, de los cuales la mitad eran monedas que iban desde época romana hasta la edad moderna. Además, el condenado devolvió otros objetos como campanas, munición, anillos, medallas… en total un enorme ajuar metálico que le llevaron ante un juez.
El individuo fue acusado de un delito continuado de expolio y apropiación indebida de bienes de valor artístico, histórico y cultural, aunque la pena de cárcel fue finalmente sustituida por una multa económica.
Lo curioso, es que las autoridades han tasado el daño causado por el condenado en algo menos de 7.000 euros, una cantidad irrisoria si tenemos en cuenta la cantidad de yacimientos que pudo haber destrozado el condenado. No hay que olvidar que cuando un objeto de interés arqueológico es extraído de su lugar sin ser documentado de forma rigurosa, una enorme parte de la información que podría darnos se pierde de forma irremediable. El valor en sí del objeto es, de hecho, lo que menos interesa a los historiadores.
Como vemos, en España atentar contra el patrimonio con objeto de enriquecerse sigue saliendo muy barato, y mientras tanto siguen proliferando los canales que animan a practicar al expolio y a usar detectores de metales sin control alguno.
Fuente: Cadena SER
