La conciencia de que el expolio arqueológico es un crimen que causa daños irreparables en el patrimonio es una realidad que aún no ha terminado de crearse en España. Para muchos, salir al campo con un detector de metales, buscar monedas antiguas o desenterrar piezas de cerámica continúa siendo una afición permisible, hasta el punto de que algunos medios de comunicación siguen catalogando estas actividades dentro de su oferta de ocio para el fin de semana.

Sin embargo, en esta ocasión la ley va por delante de la conciencia, y los delitos contra el patrimonio comienzan a penarse con mayor severidad. Una lección que dos jubilados de Aragón pueden estar a punto de aprender de la forma más dura. Ricardo Granada y Mariano Ostalé fueron detenidos en el año 2013 como culminación de una larga operación de la Guardia Civil contra el expolio arqueológico y el comercio ilegal de antigüedades. La pareja de acusados efectuaba sus saqueos en el poco conocido y escasamente protegido yacimiento de Aratis, muy rico en restos de época ibérica pero por el momento excavado de forma muy insuficiente pese a contar con la categoría de Bien de interés Cultural. Granada y Ostalé extrajeron durante décadas piezas de diverso valor, vendiéndolas en el mercado negro y creando una red de relaciones que llegaba hasta coleccionistas de todo el mundo. Fue precisamente una colección de magníficos cascos ibéricos lo que puso a las autoridades sobre la pista de estos saqueos. Desde Alemania y Austria llegaron varias alertas de que los cascos, que tras la muerte de su comprador salieron a subasta, podían proceder de excavaciones ilegales en algún punto de Aragón, pero los responsables en España tardaron varios años en reaccionar con contundencia.

Al ser detenidos, los agentes encontraron en posesión de los acusados casi 5.000 piezas arqueológicas de diversa procedencia y valor, desde monedas y restos cerámicos a esculturas de mayor valor. Cinco años después de su detención se ha celebrado por fin el juicio contra los dos acusados, que se enfrentan a la posibilidad de una condena de siete años de prisión por expolio de patrimonio y venta ilegal de material arqueológico. Dentro de la acusación se han personado tanto el gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Aranda de Moncayo, término municipal en el que se encuentra el yacimiento de Aratis saqueado por los acusados. De lograr evitar la prisión, los acusados tendrían que pagar una multa que superaría los 100.000 euros.

Fuente: ABC