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La localidad de Aigües de Baixes, en la provincia de Alicante, fue hace unas semanas el escenario de un terrible atentado contra el patrimonio de la región. Una pala excavadora inicio unas obras sin licencia en una parcela privada en la que previamente se habían documentado restos de un asentamiento ibérico de los que se sospechaba su gran valor, por su antigüedad y por su buen estado de conservación. La finca, tal y como ha informado la prensa, se encuentra en un punto cercano a la costa y, como tal, es un terreno no urbanizable, lo que hace más inexplicable aún la presencia aquí de la pala excavadora. Un grupo de arqueólogos constató el destrozo causado por la maquinaria en el yacimiento y puso de inmediato los hechos en conocimiento de las autoridades municipales, que citaron a sus dependencias a los propietarios de la finca. Éstos declararon no conocer la existencia de los trabajos que estaban destrozando los restos ibéricos, para, posteriormente, pedir una licencia para vallar la parcela y ocultar lo que ocurría en su interior a los ojos de los extraños. El Ayuntamiento denegó la solicitud hasta que los hechos se hayan esclarecido por completo.
Lo que los propietarios de la parcela han presentado como un accidente fortuito tiene, según expertos de la Universidad de Alicante, todo el aspecto de haber sido un destrozo intencionado. Los arqueólogos habían realizado ya una primera campaña en esta zona, constatando la gran importancia patrimonial de este yacimiento y barajando la posibilidad de pedir a las instituciones públicas que lo declararan bien de interés cultural, de forma que quedara protegido ante cualquier posible uso del suelo que pudiera afectar a los restos. Los trabajos de la pala excavadora parecen haber buscado la destrucción en conciencia de todos los materiales presentes en la parcela, habiéndose cebado de forma especial con una muralla muy bien conservada que hacía sospechar que lo que ocultaba aquel lugar era un recinto fortificado ibérico para la vigilancia de la costa. Aunque aún no se han evaluado del todo los daños, la destrucción causada hace que muchas piezas y estructuras de construcción sean ya irrecuperables. Aunque sobre los culpables pende la amenaza de una posible multa económica, esto resulta un magro consuelo para quienes tenían grandes esperanzas puestas en esta yacimiento, un lugar que podría haberse convertido en un reclamo importante de turistas y visitantes de todo tipo.
Aunque la prudencia invite a esperar a que los peritos terminen de pronunciarse al respecto, parece que estamos ante una maniobra intencionado de destrucción patrimonial para evitar que se protegiera un enclave que, en caso de ser recalificado como terreno urbanizable, podría reportar pingües beneficios a sus propietarios. Por desgracia, no es la primera vez que el Levante español vive un episodio de estas características. Y, en vista del camino por el que transcurre la actual legislación, no será, ni mucho menos, el último. Las sanciones previstas para atentados contra el patrimonio son tan ridículas que en muchas ocasiones la rentabilidad de llevarlos a cabo es tan amplia que ningún individuo sin escrúpulos dudaría en ser partícipe de ellos. Mientras las instituciones públicas, los políticos y la población en general no tomen conciencia de la importancia de la defensa del patrimonio, sucesos como el que ha tenido lugar en Aigües de Baixes seguirán repitiéndose en el futuro.
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