Si existe alguna institución que ha luchado durante décadas para que el latín y el griego siguieran teniendo un hueco en los planes de estudio de las diversas comunidades autónomas de España esa ha sido la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Tanto la Sociedad como sus veintitrés secciones territoriales se han erigido desde su fundación en 1954 en el último bastión de esperanza para quienes creemos que las lenguas clásicas no son una opción que se puede descartar, sino uno de los pilares de nuestra cultura y nuestra civilización. Desde que García y Bellido ocupara la presidencia por primera vez hasta la actualidad, momento en el que este cargo está en manos de Jesús de la Villa Polo, los presidentes de la SEEC no han dudado en entrevistarse, enviar cartas y presionar a los poderes públicos para asegurarse de que las materias clásicas eran respetadas en el ámbito de los estudios de secundaria, tanto en los niveles obligatorios como en diversas ramas de bachillerato.

Esta lucha se ha visto recrudecida ante la inminente entrada en vigor de la llamada Ley Celaá, un nuevo proyecto legislativo que podría suponer el golpe de muerte definitivo a las lenguas clásicas en la enseñanza. Aunque aún está pendiente de ver cómo el texto de la ley se plasma en las diversas leyes educativas de las comunidades, la ley Celaá es la primera que no hace mención específica al latín y el griego, eliminando por tanto la especial protección de la que gozaban antes. Ya el paso del antiguo bachillerato al nuevo modelo supuso la sustitución de un latín obligatorio por una cultura clásica optativa que en muchos centros no llega a ni a impartirse. Tras esto, incluso los bachilleratos considerados de letras han ido disminuyendo la presencia de las lenguas clásicas, hasta el punto de que hoy puede cursarse el itinerario de ciencias sociales sin dar latín o el de humanidades sin griego. La Ley Celaá supone el último paso en este camino de desprestigio y abandono de las lenguas clásicas en todos los ámbitos del saber.

Para tratar de frenar esta situación, la secretaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos Sección Sevilla/Huelva, María del Ángel Maeso, ha elevado una petición para que el latín y el griego sean consideradas como asignaturas especiales por su especial importancia histórica. Ella misma, como profesora de secundaria, ha vivido la paulatina disminución de la presencia del latín y el griego en los institutos, presencia que puede llegar a ser nula de seguir adelante la ley Celaá tal y como está previsto. Al no incluirse como asignaturas obligatorias, salvo el caso del latín en el itinerario de Humanidades, el riesgo de que desaparezcan es enorme, ya que no todos los IES tienen que ofertar todas las ramas del bachillerato. Maeso ha declarado que pese a los esfuerzos que tanto ella como el resto de secciones de la SEEC han hecho para tratar de abrir diálogos con el gobierno del PSOE y Unidas Podemos sólo han recibido silencios como respuesta. En su caso, ha tratado de abrir una vía de trabajo con la Junta de Andalucía, en manos de PP y Ciudadanos, pero también aquí se le han cerrado todas las puertas.

Mientras los políticos se niegan a negociar este tema y los medios ponen el foco en polémicas absurdas, el riesgo de desaparición del latín y el griego de las aulas es más que real. De mantenerse el criterio de un mínimo de quince alumnos por materia incluso la cultura clásica de secundaria puede verse amenazada de forma directa, ya que habrá cientos de institutos en los que no se pueda formar un grupo lo bastante numeroso. Lo mismo ocurrirá con los itinerarios de Humanidades, que ya ha dejado de ofertarse en muchos centros condenando a la desaparición a la asignatura de griego.

¿Puede una sociedad permitirse renegar de sus raíces tal y como está haciendo España con la Ley Celaá? ¿Qué destino espera a un pueblo que desconoce su historia y las lenguas que hicieron que ésta fuera posible?