La villa romana de Noheda es uno de los yacimientos arqueológicos más espectaculares de cuantos se han hallado en la Península Ibérica en las últimas décadas. Fue descubierta de forma fortuita en 1984, mientras se realizaban labores de labranza. La familia Lledó, propietaria de la finca, puso el hallazgo en conocimiento de las autoridades, habida cuenta de que, entre los fragmentos que salieron a la luz, se encontraba parte de un mosaico de extraordinario valor. Aunque era evidente que lo que ocultaba aquel terreno era un tesoro arqueológico, no se realizaron excavaciones sistemáticas hasta el año 2005, momento en el que los especialistas accedieron al recinto y comenzaron a trabajar sobre él.

Mientras los arqueólogos se dedicaban a hacer su trabajo, un largo litigio tenía lugar en los juzgados. El ayuntamiento de de Villar de Domingo de Gracia, localidad conquense donde se encuentra la villa de Noheda, decidió poco tiempo después del hallazgo expropiar la finca a sus propietarios, y, tras un largo proceso de tasación que duró casi dos décadas, estimó el precio que debía pagar en 7.500 euros. En la tasación se tuvo en cuenta únicamente el valor de las tierras, sin tener en consideración el valor incalculable de lo que estaba allí enterrado. La familia Lledó, considerando que se cometía una injusticia con ellos, recurrió la decisión del ayuntamiento, exigiendo una recompensa más acorde con el auténtico valor del yacimiento. Por aquel entonces era evidente que el mosaico de la villa de Noheda era uno de los más espectaculares hallados en tierras hispanas, por lo que su valor era incalculable. Los Lledó trataron de negociar con el ayuntamiento una compensación en forma de creación de una fundación con su nombre y un puesto permanente para un miembro de la familia, pero las autoridades locales no aceptaron las condiciones solicitadas y el proceso quedó paralizado.

Finalmente, ha sido la justicia la que ha dado la razón a la familia Lledó. El ayuntamiento de Villar de Domingo de Gracia debe pagar una cantidad de seis millones de euros a los propietarios de la finca, teniendo en cuenta que el valor aproximado del yacimiento arqueológico puede rondar en el mercado los cincuenta millones. Poner precio de forma tan detallada a algo que constituye patrimonio común siempre ha sido una práctica polémica, y sin embargo es una práctica que se impone cada vez con más fuerza a medida que las demandas de los propietarios siguen prosperando. Aunque la Ley de Patrimonio Histórico deja claro que el propietario no puede oponerse a la expropiación una vez que el bien ha sido declarado de interés cultural, el organismo local que expropia debe compensarle con un precio justo, un término interpretable que siempre es objeto de polémica.

Los problemas con la expropiación se suman a los enfrentamientos políticos entre la Junta y la diputación, que no logran ponerse de acuerdo para decidir quién debe hacerse cargo de la financiación de los trabajos en él realizados. Una vez más, los intereses económicos se convierten en un lastre para el conocimiento y disfrute del patrimonio histórico.

Fuente: Expansión