Las ansias de lucro a costa del patrimonio cultural común llevan a muchos a cometer delitos que por desgracia la justicia no castiga con la suficiente dureza. Solo en España cada año salen a la luz casos de saqueos en yacimientos arqueológicos, redes de venta ilegal de material robado, destrozos por obras o trabajos agrarios sin prospecciones previas e incluso actos de vandalismo grabados para subirlos a las redes sociales.
El último caso de ataque al patrimonio cultural que podría llegar a los juzgados ha implicado a un hombre que fue acusado por el Ayuntamiento de Segovia de haber arrancado una de las piedras del acueducto romano para sacarla después a subasta en un portal de internet por un precio inicial de mil euros.
Para dar publicidad al evento, el acusado subió a las redes sociales anuncios con las medidas y el peso de la pieza, así como vídeos en los que se veía como la piedra estaba supuestamente suelta y en mal estado de conservación y acababa en el suelo debido a esto. De hecho, al ser detenido, el acusado ha basado su defensa en un supuesto intento de denuncia pública sobre la conservación del acueducto de Segovia, monumento del que ya había subido contenido a sus redes en anteriores ocasiones.
El consistorio segoviano no tiene en absoluto claro que esta explicación sea válida, y por medio del concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González, ha hecho públicas unas declaraciones en las que afirma que esa piedra en absoluto estaba suelta, sino que su extracción se ha debido al uso de la fuerza para arrancarla. Parece ser que el origen de la pieza no es el propio cuerpo del acueducto en sí, sino un muro de mampostería en la plaza del Avendaño que también es considerado como parte integrante de la estructura del monumento.
Por el momento, ni las autoridades municipales ni los juzgados pertinentes han hecho movimiento alguno, y la piedra sigue en paradero desconocido, presuntamente en manos del responsable de la subasta. El Ayuntamiento de Segovia ha exigido su entrega inmediata en el Museo Provincial a la espera de que un juez decida si esta acción puede ser catalogada como delito contra el patrimonio y se toman medidas policiales o de otro tipo. También están preparando las sanciones correspondiente por vulnerar la prohibición de tocar o subirse al acueducto, para cuya tramitación no necesitan intervención judicial ninguna.
