La Policía Nacional ha culminado con éxito una operación contra el expolio del patrimonio que se ha saldado con un total de siete personas detenidas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla. Termina así un proceso de investigación que ha durado dos años y que arrancó cuando se descubrió una empresa que operaba en la red para vender un gran número de monedas de valor que en algunos casos eran presentadas todavía con restos de tierra, prueba inequívoca de que habían sido extraídas de un contexto arqueológico y que estaban siendo vendidas de forma ilegal.
Las investigaciones demostraron que el centro de todas las operaciones de ventas estaba en la localidad de Mairena de Aljarafe y que la mayor parte de los clientes de estos objetos se encontraban en países extranjeros de gran poder adquisitivo, llegando algunas de las ventas a superar el medio millón de euros de ganancia. Este hecho añade gravedad al asunto, ya que a los delitos de destrucción del patrimonio se puede añadir uno de contrabando de piezas protegidas.
Finalmente, se comprobó que la empresa en cuestión se surtía de diversos expoliadores que saqueaban yacimientos con detectores de metales o las compraban ellos mismos a menor precio en subastas en la red para después encontrar compradores interesados en pagar cantidades más elevadas. Mientras en la página web de la empresa se publicitaban los objetos de mayor valor, los menos interesantes eran colocados en el mercado por medio de otras plataformas, en las que los responsables tenían varios perfiles.
Concluidas las investigaciones y ya con las autorizaciones judiciales pertinentes, los agentes realizaron de forma sincronizada registros domiciliarios en diversas localidades como la citada Mairena de Alfaraje, Lucena y Linares. En total se encontraron más de 3.200 objetos de valor arqueológico entre los que había ante todo monedas de diversas épocas, así como lucernas, puntas de flecha, figuras de bronce, proyectiles romanos, inscripciones… En el caso de las monedas se han contabilizado un total de 73 piezas de plata en diferente estado de conservación.
Todos los investigados, hasta un total de siete, fueron detenidos y puestos a disposición judicial, al tiempo que las piezas confiscadas eran entregadas al Museo Arqueológico de Sevilla para su correcto estudio y catalogación.
Por desgracia, en España las penas por este tipo de delitos suelen ser muy leves y se saldan con sanciones económicas que en la mayoría de ocasiones están por debajo de los beneficios potenciales que el delincuente puede obtener con el saqueo y la comercialización de las piezas. Sin embargo, el daño al patrimonio ya está hecho, y en este caso concreto puede ser incalculable el destrozo arqueológico y la pérdida de información sufridos para obtener más de tres millares de piezas.
